“Lo absurdo de ésto es que el examen ahora también es de matemática, de comprensión de texto. La cuestión es que nos dieron módulos para poder prepararnos. Y allí nos encontramos con muchas dificultades. Cuando entro a ver de qué se trata lo que nos van a evaluar, resulta que es material que no tiene nada que ver con tu especialización. Yo trabajo en el sector infancias y me preguntan ´Si Juan recorre tantos kilómetros..´, o sea. En tu cotidiano eso no lo usas. Si bien aplicas en el dia a dia la regla de 3 simple para resolver cuestiones de la vida diaria, el punto es que no la pensas como regla de 3. Simplemente lo hacés. El tema es que hoy te llevan a un lugar de indefensión porque vos además perdiste la lógica, salvo que tengas un hije con el que puedas tener familiarizado el tema de resolver un cálculo matemático, no pensas ni un poco en eso. Y además porque tenemos una herramienta que es el celular, y que te simplifica. Quieren decir que los empleados públicos no sabemos matemática”, culminó.La insólita advertencia de un dirigente de ATE frente a los exámenes de idoneidad: “Voy a poner un camión con sonido dictando las respuestas”
La próxima semana, el gobierno comenzará la primera tanda de evaluaciones a empleados públicos, dirigidos a aproximadamente 40 mil personas con contratos temporales en el Estado. El gremio anunció un paro y movilización como medida de protesta.
“Si es necesario, voy a poner un camión con sonido dictándole las respuestas a mis compañeros que estén adentro”, advirtió esta mañana Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Esta inusual amenaza se refiere a los exámenes de idoneidad que comenzarán la próxima semana, dirigidos a unos 40 mil empleados públicos con contratos temporales que finalizan a fin de año y cuya renovación depende de la aprobación de las evaluaciones que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
El dirigente finalizó su advertencia: “Me importa tres carajos. La verdad que este Gobierno es una porquería que abandona a la comunidad. (Sandra) Pettovello es la peor expresión de funcionaria que nos ha tocado transitar, compite con Patricia Bullrich en materia de perversidad”.

El malestar también se debe a que las evaluaciones se llevarían a cabo en el Ministerio de Defensa, según el gremio, debido al temor del Gobierno a un posible boicot por parte de los sindicatos. En este contexto, ATE Capital realizará un paro y movilización este jueves a partir de las 11 horas, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo. También tomarán medidas orientadas al Ministerio de Desregulación la próxima semana, coincidiendo con el inicio de las evaluaciones.
“Hoy nos presentamos a la Justicia con un amparo que puede no prosperar, pero que lo hacemos por la arbitrariedad de lo que está sucediendo”, agregó Catalano. Además, contó que los exámenes incluirán ejercicios de lógica, matemática, comprensión de texto y administración pública, con tres niveles de dificultad.
Una de las críticas del dirigente de ATE se centra en la falta de “sentido lógico” de las evaluaciones. “Soy pedagogo y puedo ejercer en todo el territorio. ¿Por qué debería rendir ahora un examen de idoneidad en matemática, lógica o comprensión de texto cuando ya aprobé las etapas primaria, secundaria y universitaria y se acreditó mi conocimiento?”, cuestionó.
En los próximos días el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger publicará oficialmente las condiciones bajo las que se realizará el examen en esta primera instancia. Será una prueba presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate (profesional, administrativo y servicios generales) y que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

Por el momento la realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para ingresantes, algo que ocurre no por una ampliación de la dotación de personal sino por la rotación que sucede cuando se desocupan lugares por retiros o jubilaciones. Así como es obligatoria, no será una garantía de recontratación o de ingreso, que siempre dependerá de la decisión administrativa de cada área. “No queremos que sea un filtro, sino para tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”, dijeron desde un despacho oficial.
Por año, cada empleado que sea sujeto al examen de idoneidad tendrá tres posibilidades de aprobarlo. “Nadie se va a quedar sin contrato sin tener antes las tres posibilidades”, aseguraron fuentes oficiales. En términos operativos, se tratará de una evaluación de una hora, de entre 20 y 24 preguntas con respuesta multiple choice, frente a una tablet o computadora en el INAP y con un resultado corregido por el sistema de manera automática. Habrá un sistema en el portal para sacar turnos y al aspirante se le dará un código que deberá ingresar antes de completar el examen. En la nómina solo quedará registrado si el examen fue aprobado o no.

Según números del Indec, a octubre la planta total de personal del Estado, contando administración central, organismos descentralizados y empresas públicas ascendía a 305.688 personas, que contrasta con los 343.353 de noviembre, antes del cambio de Gobierno.

El inicio de las pruebas de idoneidad es una de las patas de lo que Sturzenegger bautizó deep motosierra. en lo que va de su primer año de gestión, el Gobierno despidió unos 30 mil empleados, redujo la cantidad de ministerios de 18 a 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del Estado nacional. “Nada que pueda hacer el sector privado o corresponda a provincias o municipios lo va a seguir haciendo la Nación”, resumieron.

El paso siguiente, en ese contexto, será el de iniciar un proceso de revisión área por área y oficina por oficina para detectar si hay alguna porción de la dotación de personal que no tiene una tarea que en el Gobierno juzguen de utilidad. También incluirá cierres de organismos que consideren innecesarios. Como ejemplo citan a Conami (Comisión Nacional de Microcrédito), una oficina que tenía un presupuesto más alto para el pago de empleados que su cartera de préstamos.

El filo de la motosierra profunda apuntará también a organismos descentralizados –aquellos que tienen autonomía de la Casa Rosada– como ARCA, ex AFIP, o el Indec. Como argumento, aseguran que la Ley de Bases le dio sustento jurídico para entrar en ese universo y revisar las estructuras. Estiman que hay unos 100 organismos de este tipo y creen que hay funciones duplicadas que dejarán de existir, algunos serán cerrados y otros volverán a ser dependientes de la administración central.

También buscarán utilizar otra prerrogativa que le dio a Sturzenegger la ley ómnibus que es la potestad de pasar a disponibilidad empleados de planta permanente, que tienen un nivel de protección legal más alto que el resto, en casos de cierres de organismos. Para eso, se le dará una ventana de entre 6 y 12 meses, período tras el cual si no se le encontrara una tarea, el Estado nacional puede terminar el vínculo laboral tras el pago de una indemnización.

Otras ideas que componen la próxima etapa del ajuste en el sector público están menos maduras pero están sobre la mesa. Entre ellas, un sistema de “premios” para áreas del Estado que no gasten todo su presupuesto sino que consigan un ahorro fiscal de los fondos que les había sido asignado, la renegociación de más de 50 convenios colectivos de trabajo que existen en el empleo público y una reconfiguración de escalas salariales, en especial para evitar la disparidad de salarios entre la administración general del Estado y organismos con sueldos muy altos.