FEDERICO SORIA: “El gobierno provincial ha decidido directamente perseguir, criminalizar, judicializar a quienes nos oponemos a la Minera San Jorge”.

Interes General febrero 15, 2026

El técnico en Conservación de la Naturaleza, Federico Soria dialogó en Radio Zonica sobre la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso.

 

“La Ley protege reservas estratégicas de agua, los cuerpos de hielo. Tanto el hielo descubierto  como los Glaciares de escombros, también el permafrost, es decir, el ambiente glaciar y el periglaciar, vale decir que demanda un presupuesto mínimo. O sea, el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, que además de remarcar el derecho al ambiente sano, etc, dice que la Nación dicta los presupuestos mínimos y las provincias las normas complementarias. Con este proyecto de ley se pretende invertir esa pirámide jurídica establecida por la Constitución. Por eso también decimos que es inconstitucional, primero porque es regresivo y después atentaría contra el marco normativo ambiental establecido en la Constitución. Desde el punto de vista ambiental es una amenaza para las reservas de agua, reservas estratégicas que constituyen los glaciares. Sobre todo en nuestra zona que se caracteriza por un clima árido y donde la vida, la economía de la provincia dependen exclusivamente de los ríos que bajan de la montaña y que han ido disminuyendo sus caudales en el contexto del cambio climático. Lo único que nos va quedando es la reserva que constituyen los glaciares. Los hielos, producto de la acumulación de la nieve, un año tras otro y que permanecen congelados. Esas masas de hielo que a primera vista se ven sólidas tienen la propiedad de fluir por efecto de la gravedad y cuando llegan a la isoyeta de cero grados se empiezan a derretir. De esa forma se generan los ríos de Mendoza”, explica Federico Soria, Integrante de la Asamblea de Vecinos autoconvocados de Uspallata por el Agua, sobre la coyuntura que pone en peligro uno de los recursos principales de Mendoza.

Para el guía de turismo de montaña, “dejar esto en manos de los políticos de turno y de las provincias implica que ahí va pasar a influir el lobby económico de las grandes corporaciones que evidentemente, con esta regresión, pretenden ser impuestos por sobre la protección del ambiente. Esto también es contrario a la Constitución porque se estaría comprometiendo a las generaciones futuras. Acá en Uspallata llevamos 17 años de lucha contra el ingreso de la Minera San Jorge que pretende desarrollar una explotación de cobre, oro y otros metales en el entorno montañoso de la localidad. Llevamos 17 años de algo que en algún momento fue esgrimido como un hecho consumado, entonces hemos logrado que hasta el día de hoy la minera no arranque con su explotación más allá que el año pasado ya fue aprobada la declaración de impacto ambiental, ratificada por la legislatura. Pero nosotros seguimos acá permanentemente en lucha, esto tiene un algo grado de rechazo social. El gobierno quiso dibujar una audiencia pública para evitar el papelón del 2010 cuando la audiencia pública le dio en contra, y nosotros con la audiencia pública del pueblo, que la hicimos paralela, al mismo día y la misma hora, hemos podido demostrar que pasan los años pero la megaminería sigue sin tener licencia social y agravada por la situación del gobierno provincial que ha decidido directamente perseguir, criminalizar, judicializar a quienes nos oponemos a la Minera San Jorge”.

“Hasta ahora el saldo es de 32 presos políticos por cuenta y orden del gobernador Alfredo Cornejo y por orden de la Minera San Jorge. Nosotros desde un primer momento hemos presentado una alternativa porque no sólo se trata de decir que no sino también de ofrecer una opción ambiental, social y económica. En el año 2009 presentamos en la legislatura de Mendoza el proyecto de ley de iniciativa popular para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, y de esa manera reservar el territorio y la fuentes de agua que abastecen no sólo a Uspallata sino también a toda la cuenca del Río Mendoza, uno de los ríos mejor aprovechados del mundo y el mejor aprovechado del país, ya que con un módulo de 33 metros cúbicos por segundo se abastece a un millón y medio de personas, se riegan 150 mil hectáreas de cultivo, se motoriza el 70 por ciento de la industria vitivinícola de Argentina. Además se abastecen a más de 9 mil industrias. Fíjense la importancia que tiene el río y el riesgo que representa la Minera San Jorge, que pretende desarrollar una explotación metalífera con uso de sustancias tóxicas y a gran escala en las cabeceras de cuenca. Por eso hemos presentado esta alternativa con toda la fundamentación técnica, científica, legal y jurídica para contrarrestar el efecto de la Minera San Jorge. Pero el lobby es más fuerte y ha logrado imponerse hasta ahora porque la resistencia social viene siendo importante”, ilustra Soria.

“El punto es que la idea que tienen acerca de la Ley de Glaciares es modificarla bajo esa premisa de que la provincias tengan la potestad de decidir qué glaciar es importante y cuál no lo es, y más que nada en función de los intereses económicos. Más que de la importancia que tengan para preservar el agua, sabemos que son limitadísimas las posibilidades y los recursos que tienen las provincias para desarrollar este tipo de estudios. Esta institución científica, técnica, con capacidad y posibilidad para determinar estos estudios depende del Conicet, precisamente un organismo nacional y es la institución que ha venido realizando los inventarios como el de los glaciares a nivel nacional y su actualización. Quitarle esa potestad es directamente es regalar esos ambientes a las corporaciones megamineras y absurdo porque la superficie cubierta por glaciares y el ambiente periglaciar, en la República Argentina representa menos del 1 por ciento del territorio. O sea que las mineras tendrían el 99 por ciento restante para desarrollar sus explotaciones, con lo cual también es irrisorio. Hay grandes intereses sobre ese uno por ciento del territorio que se pretende proteger y que es verdaderamente importante para la vida y la economía de los pueblos. Por eso vemos que esto es más bien una envalentonada, una intentona de avanzar sobre los estándares de preservación que ya están establecidos”, cerró.

Tiempo antes y en una entrevista, Federico Soria decía lo siguiente.

Federico Soria es un ciudadano de la localidad de Uspallata en Mendoza. Forma parte de la Asamblea por el Agua Pura de Uspallata y está siendo perseguido judicialmente por las autoridades de la provincia por oponerse a la instalación de la megaminería en el pueblo, al igual que su compañero,  Mauricio Cornejo. Allí explicó la intrincada lucha que desde hace 17 años sostiene el pueblo de Uspallata contra el proyecto minero San Jorge. Para el próximo 2 de agosto, el gobierno provincial realizará una audiencia pública en un lugar inaccesible. Desde la Asamblea denuncian que es una maniobra para que nadie pueda acceder y llaman a realizarla en la misma fecha en el pueblo.

El avance del extractivismo está creciendo a pasos agigantados a lo largo y ancho de todo el territorio argentino. Como contracara, la resistencia y la organización también crecen. En toda la provincia de Mendoza existen las Asambleas por el Agua Pura. Imposible olvidar el Mendozazo en el año 2019 cuando toda la provincia se levantó para defender la 7722, ley protectora del agua. En Uspallata la lucha es contra la instalación del megaproyecto minero San Jorge que pretende ubicarse en la naciente del Río Mendoza, donde afectaría no sólo al pueblo, sino a todo el Valle que se riega con sus aguas.

Con el gobierno de Milei y la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno de Alfredo Cornejo tiene vía libre para avanzar con este y muchos otros proyectos, que lejos de mejorar la calidad de vida de la población, priorizan los intereses económicos y la expoliación.

Federico Soria hizo una pequeña historización: “La minera San Jorge es una empresa de origen ruso. Llega a la Argentina de la mano de la diplomacia de ese país en el año 2008. La corporación se llama Solway Holding, tiene sede corporativa en Rusia pero su sede comercial está en Malta, paraíso fiscal. Aparece en los Panamá papers por transacciones fraudulentas multimillonarias. Y después de la guerra con Ucrania se mudan a Suiza. Sus dueños, Aleksandr Bronstein y Denise Hervazev, se hacen ciudadanos israelíes. A partir de ahí comienza una arremetida. Cuando la minera viene en 2008 es rechazada. En 2010 se hace una audiencia pública. En 2011 se produce el rechazo legislativo. En todas esas instancias y en otras posteriores, fue rechazada. Como la minera estuvo involucrada en la guerra entre Rusia y Ucrania y sus instalaciones en ese último país fueron bombardeadas por los rusos, se desfinanció la empresa. Por eso es que ha hecho un convenio con una corporación argentina, Alberdi, para reflotar el proyecto San Jorge. Presentaron una actualización a principio de año, que es cuando comienza todo este conflicto.

Hace 17 años que venimos resistiendo. Hasta un casino nos metieron. Luego de muchos años de luchar y luchar se logró convertir en un centro cultural. Hoy la municipalidad lo está vaciando. El deseo del municipio es convertirlo en oficinas administrativas. Pero bueno, estamos resistiendo y sosteniendo ese espacio”.

¿Qué afectaría la minera San Jorge?

FS: “Uspallata es un valle cordillerano rodeado por la Cordillera y la Precordillera. Allí se originan los ríos y arroyos que primero riegan el valle y después siguen hacia abajo. Allí se ubica el Gran Mendoza. El Río Mendoza es un río que tiene un régimen bastante acotado, son 33 metros cúbicos por segundo. De ese río viven un millón y medio de personas, se riegan 250 mil hectáreas de cultivo y se abastece a más de 9000 industrias que conforman la cuarta economía regional del país. En Mendoza tenemos a Mekorot, una empresa israelí, que quiere hacerse cargo del manejo del agua, cuando históricamente en Mendoza el agua se administra de manera eficiente abasteciendo a toda esa cantidad de gente, cada vez creciente. Al oasis agrícola industrial y el núcleo vitivinícola y bodeguero. El objetivo de que Mekorot esté en Mendoza es ir ajustando la demanda a esos usuarios históricos para que se disponga para las petroleras, las mineras. Porque el agua de los ríos está toda concesionada y no puede admitir más usuarios. O sea que la minera de buenas a primeras no podría instalarse. Por eso tienen que modificar la legislación. No solo la leyes mineras sino el código de aguas y la Constitución de Mendoza para poder llevarle agua las mineras, porque el agua no alcanza y la legislación no admite nuevos usuarios. Lo cual, de llegar a concretarse, implicaría el desplazamiento de la población histórica. La minera no sólo utiliza mucha cantidad de agua, sino que también la contamina. La minera San Jorge se ha instalado en un lugar que es cabecera de cuencas. O sea que está en una divisoria de aguas. La minera dice que está del otro lado de la divisoria y la verdad es que no, está de este lado. Y además, por debajo, las divisorias de agua no son las mismas que las divisorias superficiales. Entonces el agua que fluye superficialmente para un lado por ahí se insume y puede fluir para el otro lado. De hecho, nosotros vivimos en una zona con muchísimas fallas geológicas. Es una zona sísmica. El Valle de Uspallata está en contacto con otras unidades geológicas como la Cordillera. Y esa es una zona de fallas que corren de Norte a Sur. Entonces las fallas tienen movimientos convergentes, divergentes. Cuando las fallas se separan por ejemplo, se forman canales por donde pueden escurrir líquidos. Y por la teoría de vasos comunicantes todo lo que está arriba fluye hacia abajo. Entonces la minera que está arriba va a producir efluentes que pueden llegar a afluir a través de esas fallas a la cuenca del Río Mendoza. Al Valle de Uspallata primero y después al resto de la cuenca del río. Ese recorrido subterráneo que hace el agua no está determinado. La minera dice que ha hecho estudios piezoeléctricos pero hay investigadores del Conicet que dicen que esos estudios son insuficientes para determinar el recorrido subterráneo del agua. Hay una falta total de certeza científica por los estudios que ha presentado la minera. El gobierno de Mendoza los quiere aprobar de todos modos diciendo que después van a completar la información que falta, pero eso ya sabemos que no sucede nunca”.

Las y los vecinos organizados no sólo denuncian la situación sino que proponen proyectos y alternativas que respetan la biodiversidad y favorecen un ambiente sano para vivir. Federico explicó una de esas propuestas:  “La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata ha presentado en el año 2009, cuando recién se conformó, un proyecto de Ley para crear el Área Natural Protegida Uspallata- Polvaredas que precisamente busca preservar esas fuentes de agua y todo el ecosistema alto andino, el de la Precordillera y el de Valle de Uspallata que es muy valioso. Hay gran variedad de especies como el guanaco, el cóndor y el choique, declarados como monumento natural provincial con leyes que las protegen. El gobierno y la minera están violando esas leyes al autorizar una explotación donde no debería haber actividad humana.

Las causas armadas

Los cargos con los que fueron imputados Federico Soria y Mauricio Cornejo son por el delito de agrupación para la coerción ideológica y amenazas coactivas. La primera “es una figura que se crea en la época de la Triple A y fue aplicada en la dictadura. Es un delito federal y lo está juzgando la justicia provincial, lo cual es un conflicto de competencias. El juez federal dijo que no había pruebas para acreditarnos ese delito”, explicó Federico. Y la acusación de amenazas coactivas no está probada: “todos los testigos que han puesto, que ya son más de veinte, no pueden constatar que tanto Mauricio como yo, hayamos proferido tales amenazas al denunciante”, afirmó Federico.

El 24 de enero pasado iba a inaugurarse una Cámara de Proveedores Mineros en el pueblo de Uspallata. Justo frente al comercio de Mauricio Cornejo. La Asamblea decidió ir con pancartas a hacer presencia y demostrar su desacuerdo. Pero la patota sindical de la UOCRA golpeó a otro asambleísta y en ese momento de caos, comenzó un incendio en el comercio del denunciante. Federico agregó: “El denunciante acusó a más de 30 personas. De todas ellas, el fiscal eligió imputar a Mauricio Cornejo y a mí. Y a 3 personas más involucradas en un atentado incendiario de falsa bandera que se perpetró ese mismo día. Una persona que arrojó nafta y prendió fuego en el comercio del denunciante y que después declaró en un juicio abreviado pertenecer a la Asamblea”.

El grado de hostigamiento, persecución y difamación hacia los asambleístas es preocupante. Existe una fuerte connivencia entre el aparato judicial estatal, la estructura privada de la minera y los partidos políticos hegemónicos. Federico explicó: “Nosotros descubrimos que, además de que esta persona que incendió el comercio tiene cuestiones personales con el denunciante, la hija de este señor es presidenta del Comité de la Juventud Radical de Las Heras. Hay fotos de ella en las redes con el intendente de Las Heras, Franciso Lopresti, dando discursos. Y eso lo hemos presentado también como prueba. Obviamente el fiscal hace caso omiso. Ha citado a declarar al intendente de Las Heras y también ha aceptado la querella de la municipalidad de Las Heras en contra nuestra. La jueza en primera instancia lo ha rechazado porque nuestros abogados sostienen que el estado no tiene que destinar recursos públicos a perseguir a los vecinos. Además es improcedente. Porque la fiscalía es la parte del estado que nos acusa y nos investiga. No tiene por qué haber otro ente del estado que haga lo mismo. La municipalidad de Las Heras se va a volver a presentar y va a volver a ser rechazado. Además hay un pedido de nulidad de toda la causa porque como decía al principio, el juez federal ha dicho que no está acreditado el delito de agrupación para la coerción ideológica, por eso rechaza la causa. Por eso nuestros abogados han solicitado que directamente el fiscal lo quite de la acusación. Y directamente también nuestro sobreseimiento. Está totalmente demostrado que hemos sido señalados por nuestra actividad en la Asamblea. En mi caso pude darme cuenta en la indagatoria frente al fiscal, que duró 9 horas, que la persecución es por ser el autor intelectual del proyecto de creación del Área Protegida Uspallata- Polvaredas que terminaría definitivamente con el tema minero. Porque de acuerdo a la Ley 6045 de Mendoza, la minería está prohibida en las áreas bajo su jurisdicción”.

Respecto de la actuación del intendente, Federico agregó: “ha hecho declaraciones injuriosas en los medios nombrándonos específicamente a Mauricio y a mí como vándalos, como personas que provocamos desmanes, arrojamos piedras, etc. Cuestiones que ni siquiera están en la acusación del fiscal, o sea que se está extralimitando en sus acusaciones. Además, está diciendo sin pruebas, que políticos como Orozco, Difonso y Del Caño está financiado la Asamblea. Y en mi cuestión personal se ha metido con mi salud sin tener el más mínimo conocimiento médico. Diciendo que yo por estar de licencia no puedo participar de manifestaciones. Motivo por el cual me han echado de la Administración de Parques Nacionales. Tiene muchas cosas que responder el intendente. Otra cosa para preguntarle es por qué nunca fue a Uspallata desde que asumió hasta la fecha. Solamente se presentó ese día, cuando se iba a inaugurar la Cámara de Proveedores Mineros y antes no había ido nunca con todas las demandas sociales que tiene Uspallata. Que no tiene municipio. No hay institucionalidad. La municipalidad de Las Heras se encuentra a 150km de distancia. En el pueblo hay una delegación que solamente presta servicios básicos, con una delegada que no tiene poder de decisión, y todo se tiene que reclamar a 150km al lado de la ciudad de Mendoza. Hay una gran postergación en el pueblo. Lo único que les interesa es recaudar ahí. Porque cobran impuestos de los centros turísticos, de la aduana, de las áreas protegidas y todo se va y nada vuelve”.

Respecto de la participación de la población en este conflicto Federico explicó que “producto de la persecución la gente tiene miedo. De todas formas la Asamblea no dejó de estar activa. Hemos tenido que recluirnos un poco, hacer las reuniones en lugares privados por la persecución implacable. Tenemos al lobby detrás nuestro, las patotas sindicales, toda la estructura del poder político. Lamentablemente está el peronismo metido ahí también. Porque el abogado querellante es un dirigente peronista totalmente encolumnado con la presidencia del partido, los hermanos Felix que han manejado la ciudad de San Rafael durante 20 años. Además es síndico de una empresa del estado, es funcionario de Cornejo. Es un hombre del grupo Vila Manzano y  amigo personal de los CEOs de Minera San Jorge”

 

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