Juan Pablo Ceballos: “La minería tiene que tener un límite porque el agua es para las generaciones futuras”

Interes General abril 10, 2026

En Arranque en Radio Zónica, con la conducción de Maximiliano Lequi, Sole y Guille, se analizó el impacto de la reforma de la Ley de Glaciares, el rol de las provincias en los controles y la preocupación social por la protección del agua en San Juan.

Juan Pablo Ceballos, geólogo y miembro de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta, abrió la entrevista con una definición que marcó el eje de toda la conversación: “La discusión no es minería sí o minería no, sino hasta dónde se hace minería y hasta dónde no”, dijo al describir el clima social que atraviesa hoy a los pueblos cordilleranos tras la aprobación de la reforma legislativa. En ese sentido, sostuvo que desde diciembre del año pasado la asamblea comenzó a organizarse para “visibilizar lo que significaba esta modificación de la ley” y explicó que, a medida que se fueron sumando vecinos, el debate logró instalarse en la comunidad.

“Hace más o menos 20 años que están instaladas diferentes empresas mineras en el Valle de Calingasta. Hoy megaproyectos mineros todavía no existen, pero están por entrar en fase de explotación, y se ha hecho un trabajo de ingeniería social muy importante con el tema de la minería, por eso la gente defiende bastante la actividad”, expresó. Sin embargo, aclaró que el planteo de la asamblea no apunta a rechazar la actividad extractiva en sí misma. “No estoy en desacuerdo con la minería porque es una actividad lícita. El tema es dónde se va a realizar”, remarcó.
Más adelante, al profundizar sobre la cuestión técnica, Ceballos explicó que su experiencia en el inventario provincial de glaciares le permitió conocer de cerca las zonas protegidas dentro de la cuenca del río Los Patos, uno de los principales sistemas hídricos de San Juan. Desde allí advirtió que, incluso antes de la reforma, ya existían incumplimientos sobre áreas periglaciares. “Dentro del inventario nacional ya se habían marcado geoformas que pueden ser consideradas reservas hídricas dentro del ambiente periglacial, y ahí la minería no podía actuar. Sin embargo, por encima de los 4.700 metros ya se considera ambiente periglacial, y hay un montón de empresas que están violando la ley”, afirmó.

Sobre ese punto, agregó una de las frases más fuertes de la nota al señalar que los proyectos en altura avanzaron sobre espacios que deberían permanecer preservados. “Hay caminos, plataformas para perforaciones y obras que han afectado glaciares de escombros activos e inactivos que la ley protege como reservas hídricas. Eso se puede ver en cualquier imagen satelital”, sostuvo, al tiempo que vinculó esa situación con antecedentes históricos de la actividad minera en la provincia.
Consultado por los cambios introducidos en la ley, el geólogo explicó que uno de los aspectos más sensibles es el traslado de la autoridad de aplicación hacia las provincias. “Ahora la autoridad deja de ser el IANIGLA a nivel nacional y pasa a ser la provincia la que va a determinar qué geoforma dentro del ambiente periglacial o glaciar está protegida”, dijo. A continuación, alertó sobre lo que definió como “una trampa” en la nueva redacción normativa. “La ley dice que todo glaciar está protegido siempre y cuando pueda demostrar que es considerado una reserva hídrica o que tiene un aporte significativo. Pero no está escrito quién define cuánto tiene que aportar para ser considerado reserva. Eso va a quedar a criterio”, cuestionó.

En esa línea, insistió en que la falta de parámetros objetivos puede abrir la puerta a interpretaciones funcionales a los intereses extractivos. “El que va a estar interesado en demostrar si ese glaciar es o no una reserva hídrica son las empresas mineras, porque eso les puede impedir avanzar con las tareas de explotación. Ellos harán el estudio y la provincia lo fiscalizará”, advirtió.
La conversación también se detuvo en la falta de controles ambientales, uno de los puntos más sensibles que atraviesan el debate público en San Juan. Ceballos recordó el derrame ocurrido en la mina Veladero en 2015 y lo utilizó como antecedente para cuestionar la capacidad de fiscalización estatal. “En la provincia de San Juan no existen los controles adecuados. Eso quedó clarísimo con el derrame de Veladero, donde se mintió durante mucho tiempo y nunca la provincia reconoció lo ocurrido”, dijo.

Lejos de ubicar la problemática en el pasado, sumó además un episodio reciente que volvió a poner en alerta a las asambleas ciudadanas. “El año pasado hubo un derrame similar con una mortandad de peces en el dique Cuesta del Viento. Se detectó mercurio en el agua y el laboratorio de la provincia no podía analizarlo. Los estudios terminaron haciéndose por fuera del sistema oficial”, explicó. A partir de ese antecedente, insistió en que la nueva ley deposita demasiada responsabilidad en organismos que, según su visión, no demostraron independencia suficiente.
Sobre el cierre de la entrevista en Arranque en Radio Zónica, el geólogo dejó la frase más potente de la charla, al proyectar el debate más allá de la coyuntura legislativa. “Todas estas reservas de hielo son la reserva de agua para el futuro. No tienen que dar agua hoy para ser importantes. El agua es para las generaciones futuras”, subrayó.

En el mismo tono, profundizó sobre el sentido de la resistencia social que impulsan desde Calingasta y otros pueblos cordilleranos. “Nosotros estamos peleando hoy por nuestros hijos y por nuestros nietos, para que puedan tener una vida digna con agua como la tenemos nosotros”, concluyó, dejando en claro que, para las comunidades afectadas, el eje central del debate no pasa solo por la minería, sino por el resguardo estratégico del recurso hídrico en una de las regiones más sensibles del país.

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