Marcelo Magadán: “Se está convalidando un hecho que es claramente ilegal”

Interes General marzo 28, 2026

En el programa Urbanos,v el arquitecto analizó la situación del Luna Park, cuestionó decisiones oficiales y advirtió sobre el riesgo que enfrenta el patrimonio cultural.

El arquitecto Marcelo Magadán afirmó durante la entrevista que “la realidad siempre nos sorprende en esto del patrimonio” y señaló que “estamos atravesando un momento complicado” en el que “los organismos que están encargados de la tutela del patrimonio hoy, de una u otra manera, están jugando en contra de ese patrimonio y de su adecuada conservación”. En ese marco, advirtió que la situación actual del Luna Park “va a ser muy difícil de revertir”.

Magadán explicó que el problema no es aislado sino estructural y sostuvo que “de los cuatro mil y pico de edificios que quedaron protegidos en el Código Urbanístico, el ochenta por ciento tiene protección cautelar, que es muy laxa, apenas protege la fachada”. En ese contexto, remarcó que incluso en casos de mayor resguardo, como el del estadio, “el resultado de los trámites da que tampoco está protegiendo, porque lo único que deja en pie son parte de las fachadas y el resto se demuele”.

El especialista enfatizó el valor simbólico del edificio al afirmar que “es un edificio muy atado a la historia de muchos porteños y argentinos, incluso a nivel familiar”, y subrayó que se trata de un espacio que “ha tenido continuidad en la memoria de generaciones”. En ese sentido, recordó que su origen está vinculado al boxeo y que su historia lo convirtió en un ícono cultural.
Al reconstruir el proceso que llevó a la situación actual, detalló que el Luna Park “está declarado Monumento Histórico Nacional desde 2007, es decir, tiene la mayor protección a nivel nacional”. Sin embargo, alertó que el proyecto en curso “no admite lo que se plantea acá, que es una demolición de prácticamente el total del edificio existente”. Según precisó, “de doce mil metros cuadrados existentes, se dejan mil en pie y once mil se demuelen”, lo que consideró incompatible con cualquier criterio de conservación: “esto escapa a lo que sería una intervención de restauración o rehabilitación”.

Magadán repasó los antecedentes recientes y explicó que tras el fallecimiento de Ernestina Devecchi de Lectoure, el estadio quedó en manos de la Sociedad Salesiana San Juan Bosco y de Cáritas Buenos Aires, y continuó funcionando durante años. “Tenemos un edificio que estuvo en funciones y sirviendo para los fines para los cuales fue construido, y que se cerró por una decisión voluntaria del nuevo concesionario”, señaló.

En ese sentido, cuestionó el acuerdo firmado en 2024 y subrayó una contradicción central: “en el documento reconocen el valor patrimonial del Luna Park y lo equiparan con el Madison Square Garden y el Palacio de Deportes de París”, además de afirmar que es “uno de los edificios más representativos destinados a espectáculos”. Sin embargo, advirtió que “lo escrito no se refleja en la realidad”, ya que el proyecto aprobado implica su demolición.
También apuntó contra el rol de la Iglesia al afirmar que “admitió un proyecto que iba en contra de lo que había firmado”, y describió una cadena de decisiones que fueron habilitando el avance de la obra. “Hay un estudio muy concienzudo de los valores históricos del edificio, pero después todo eso se deja de lado y se propone demoler”, sostuvo.
Uno de los momentos clave, según relató, fue la reunión de la Comisión de Monumentos del 6 de enero de 2025, donde “en una hora se trataron treinta temas y se tocó el Luna Park”, y pese a reconocer su importancia, “se terminó autorizando el proyecto de demolición”. Para Magadán, ese aval inicial resultó determinante: “la comisión aprueba, entonces la DGIUR dice ‘la comisión aprobó’, los proyectistas dicen lo mismo y hasta la jueza después se apoya en eso”.

El arquitecto remarcó que junto a otros especialistas elaboró informes técnicos advirtiendo sobre las irregularidades y los presentó ante organismos oficiales. “No tuvimos ninguna respuesta”, afirmó, y explicó que posteriormente la Dirección General de Interpretación Urbanística aprobó el proyecto, lo que habilitó avanzar hacia la obra.
A partir de allí, el conflicto escaló al plano judicial. Magadán señaló que “ya no era solo una cuestión patrimonial, sino una cuestión de ilegalidad del acto administrativo”, ya que el proyecto “iba en contra de una serie de pautas establecidas por el Código Urbanístico”. Entre las irregularidades mencionó que “se incrementa la altura, se demuelen fachadas, interiores y techo”, lo que contradice la normativa vigente.
En ese contexto, destacó que una medida cautelar había frenado el proceso, pero denunció que “no fue atendida por el Gobierno de la Ciudad”, que avanzó igualmente con instancias administrativas como la audiencia pública ambiental. “Era ilegal y se hizo igual”, afirmó.

Respecto del fallo judicial reciente, fue especialmente crítico. “La jueza rechaza la cautelar sin argumentos técnicos y sin hacer referencia a la normativa ni al informe presentado”, sostuvo, y cuestionó que se haya apelado a conceptos generales sobre patrimonio sin analizar el caso concreto. “Termina avalando una demolición que va en contra de la ley. Es una cosa absurda”, afirmó, y remató: “estamos frente a la convalidación de un hecho que es claramente ilegal”.

Magadán advirtió además sobre las consecuencias de este precedente: “es un caso testigo que puede afectar a otros edificios declarados monumento histórico”. En ese sentido, señaló que ni siquiera se siguieron mecanismos formales como una eventual descatalogación. “La desprolijidad es absoluta”, expresó.

Frente a este panorama, consideró que las posibilidades de revertir la situación pasan ahora por la Cámara judicial y por la reacción social. “Ojalá la gente tome esto como propio y se manifieste, porque puede ser lo único que lo frene”, sostuvo.

Finalmente, el arquitecto insistió en que existen alternativas técnicas viables para intervenir el edificio sin destruirlo. “Se podrían resolver cuestiones de seguridad, accesibilidad, acústica y renovación de instalaciones respetando el edificio”, explicó, y agregó que “a veces al proyectista le resulta más fácil demoler y empezar de cero que incorporar la variable patrimonial”.
Sobre el cierre, dejó una reflexión que sintetiza su preocupación: “hay muchos actores que fueron interviniendo y el proyecto sigue avanzando, y eso muestra por dónde está transitando la conservación del patrimonio en la Argentina”. Y concluyó con un deseo que atraviesa todo el conflicto: “esperemos que la justicia corrija este error y que consigamos algo antes de que sea tarde”.

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