MARCELO MEIS: “Los juzgados nacionales están terminados, son residuales. Tienen que pasar a la Ciudad de Buenos Aires”.

Interes General marzo 29, 2025

Miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Meis, analizó junto a Maxi Lequi las vicisitudes judiciales en Argentina.

 

“Hay casta judicial. Este es un país en donde hay casta de todo tipo, algo que siempre pasó. Pero no le podemos echar la culpa a los jueces, hay una falta de desición política de transferir las competencias a la Ciudad. Los jueces en medio de esa incertidumbre es tratar de defender lo que creen que tienen que defender, una justicia obsoleta, anticuada, con un código de procedimiento que, yo siempre digo, tengo juicios que duran 10, 12, 15 años, no es una novedad. En la Ciudad eso no pasaría porque los procedimientos son mucho más abreviados y además tecnológicamente la justicia de la Ciudad está muy lejos de lo que es la justicia nacional y eso va en beneficio de los que usan el sistema. Acá no hay que pensar en los jueces, acá hay que pensar en los ciudadanos que son los que acceden a la justicia. El Poder Judicial es el más importante de los poderes porque es el que equilibra en una sociedad y en una república los distintos factores de poder porque cuando uno tiene un problema va ir a la justicia. La única defensa del ciudadano es la justicia y es el poder que más hay que cuidar porque además es el que controla al Ejecutivo y al Legislativo que per se tienen mucho más poder inclusive para poder decidir sobre el presupuesto de la justicia”, desentraña el abogado Marcelo Meis.

Su mirada calificada precisa que “lo primero que hay que hacer es darle la autonomía plena a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros necesitamos inscribir una sociedad en la Ciudad y la IGJ la sigue manejando Nación. En el caso que ustedes tengan que transferir esta propiedad, el Registro de la Propiedad de Inmuebles lo maneja la Nación, es absurdo. La Ciudad de Buenos Aires está equiparado a las provincias, eso lo dice la Constitución, y está ajustada a la sanción del año 1994. Entonces discutir esas cosas me parece absurdo. Acá se dictó la Ley Cafiero, y Cafiero venía del Peronismo, por lo tanto trabajaba para el Peronismo. ¿Cuántas veces ganó el Peronismo en la Ciudad de Buenos Aires? Nunca. ¿Cuántas veces la va a ganar? Tiene que cambiar mucho para ganarla. Entonces limitar el poder del jefe de gobierno era su objetivo. La Ley Cafiero parece una ley razonable si se aplica en el corto plazo y se va trabajando en la transferencia de competencias pero deja de ser razonable cuando limita la autonomía y llevamos 30 años sin tener la autonomía plena en la Ciudad de Buenos Aires, que es en detrimento de quienes habitamos la Ciudad porque los jueces que están representados en el sistema nacional son jueces elegidos por diputados de Chaco, de Misiones, de Santa Cruz”.

El ex legislador sostiene que “todos ellos juzgan todo lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, nosotros no tenemos la posibilidad de que nuestros representantes, nuestros diputados, digan quienes van a ser los jueces de Santa Fe, de Salta, de Tucumán. Después hay otro tema, cuando dicen que la justicia nacional… esta defensa que hacen los jueces que hablan de una justicia nacional que no existe. Está la Justicia Federal y la Justicia Provincial, las únicas dos justicias nacionales que había eran la Ciudad de Buenos Aires, cuando era capital de la Argentina, no como es ahora, la Ciudad Autónoma con un estatuto constitutivo y Tierra del Fuego, cuando era territorio nacional. Cuando Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional se terminaron los juzgados nacionales. Quiere decir que los juzgados nacionales están terminados, son residuales. Tienen que pasar a la Ciudad de Buenos Aires. Si esto lo hubiesen hecho de manera progresiva cuando se iban produciendo las vacantes de los distintos fueros hoy tendríamos a todos los juzgados transferidos, sin ningún problema. Los jueces nacionales de aquel entonces hubiesen terminado su carrera siendo jueces nacionales y hubiésemos transferido todo”.

Cabe recordar que desde el Consejo de la Magistratura porteño pidieron la derogación de la “Ley Cafiero” para tener autonomía judicial
Se trata de un pedido del consejero Marcelo Meis, que entre otros puntos, se apoyó sobre el fallo “Levinas”. Es para plantearle al Congreso de la Nación que deje sin efecto la norma promovida por el histórico dirigente peronista.

Como otro de los efectos producidos tras el fallo “Levinas”, firmado por la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado, el consejero de la Magistratura porteña Marcelo Meis solicitó al Congreso de la Nación que se derogue la ley 24.588, conocida como la “Ley Cafiero”, que limitó los alcances de la plena autonomía que la Constitución Nacional -reformada en 1994- le había dado a la Ciudad de Buenos Aires.

El pedido del representante del estamento de los abogados en el Consejo de la Magistratura porteño se formalizó este martes por medio de una nota enviada a distintos senadores y diputados para incitarlos a que promuevan un proyecto para dejar sin efecto la ley Cafiero, promovida en 1995 por el histórico peronista bonaerense Antonio Cafiero.

Entre otras disposiciones, esa normativa, surgida por imposición constitucional, con la idea de garantizar “los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”, estableció en su artículo 8 que la justicia nacional ordinaria de esa ciudad “mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación”.

Además, dicha cláusula precisó: “La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales”.

La ley provocó voces discrepantes desde su sanción en noviembre de 1995. Y es que lo consideraron limitante o restrictivo de la total autonomía que adquirió la Ciudad tras la reforma constitucional de 1994, donde se acordó para aquella “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”, según los términos del artículo 129 de la Carta Magna.

Esa discusión de carácter jurídico-constitucional se avivó recientemente con el caso “Levinas”, donde la Corte Suprema -en un fallo dividido, y aun con la presencia del ministro Juan Carlos Maqueda- habilitó la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño en los casos que resulten apelados, a partir de decisiones de los jueces civiles, laborales, comerciales y penales de la justicia nacional con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la máxima instancia federal avaló un avance en la autonomía judicial de la ciudad respecto a cuestiones donde antes no intervenía.

En ese contexto, el consejero Meis firmó una nota destinada a 29 legisladores nacionales donde, para fundamentar su pedido, expuso: “La ley Cafiero ha sido desde su inicio un límite a la autonomía de la Ciudad. Los antecedentes de su tratamiento en esa Cámara -de Senadores- durante el año 1995, lo demuestran. En su carácter de originaria, la misma se impuso sobre la sanción en la Cámara de Diputados que intentó morigerar sus efectos”.

Luego señaló: “La ley debió ser derogada el mismo día en el que se sancionó la Constitución de la Ciudad, el 1° de octubre de 1996. La norma establece la plena autonomía, institucional, financiera y legislativa y colisiona con la mayoría de los artículos de la ley Cafiero“.

A su vez, el representante de los abogados en el organismo porteño, encargado de seleccionar y remover jueces, mencionó distintos acuerdos entre el Estado nacional y la Ciudad que en su momento configuraron el traspaso de distintas funciones y servicios públicos. También citó jurisprudencia donde la Corte Suprema remarcó que la ciudad porteña, desde la modificación constitucional en 1994, “tiene el mismo lugar que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte“.

“La competencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia -aseveró el firmante- establecida por el Fallo Levinas, y el carácter transitorio de los tribunales ordinarios de la Ciudad, han quitado de eficacia al artículo 8 de la ley Cafiero”.

Para finalizar su planteo, dirigido de manera individual a cada uno de los casi 30 legisladores, el consejero porteño dijo: “Apelo a usted por la representación que ejerce de la Ciudad y de su autonomía, para impulsar la derogación definitiva de la ley 24588. La justicia ya se ha pronunciado. Ahora hace falta que el Congreso repare la injusticia de treinta años, poniéndose al frente de la reivindicación de los derechos de los habitantes de esta Ciudad”.

Los diputados a quienes les envió la nota son Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, María Fernanda Araujo, Vanina Biasi, Ana Carla Carrizo, Mariela Coletta, Nicolás Emma, Daiana Fernández Molero, Maximiliano Ferraro, Alida Ferreyra, Silvana Giudici, Álvaro González, Itai Hagman, Carlos Heller, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Gisela Marziotta, Paula Oliveto Lago, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Leandro Santoro, Martín Tetaz, Eduardo Valdés, María Eugenia Vidal y Oscar Zago.

Por su parte, los senadores que recibieron la solicitud son Martín Lousteau, Mariano Recalde y Guadalupe Tagliaferri.

Autoridades del Consejo se reunieron con los camaristas PPJCyF

El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Reuniones de la Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad para abordar cuestiones inherentes al fuero.

Este miércoles, en la Sala de Reuniones de la Cámara Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, el consejero Marcelo Meis y la consejera Gabriela Zangaro se reunieron con los jueces de Cámara de dicho fuero, con el objeto de realizar una presentación formal por parte de Meis e interiorizarse en las cuestiones pertinentes al fuero y poder trabajar en conjunto.

La reunión contó con la participación de los mencionados Meis y Zangaro, el presidente de la Cámara, Javier Alejandro Bujan, el vicepresidente primero, Gonzalo Viña, la vicepresidenta segunda, Carla Cavaliere y los jueces de Cámara Fernando Bosch, Sergio Delgado, Luisa María Escrich, Jorge Atilio Franza, Patricia Ana Larocca, Elizabeth Adriana Marum, y Marcelo Pablo Vázquez.

 

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