PEDRO ÁVALOS: “Hay que romper la miseria que se le asignó al presupuesto de discapacidad. No llegó a derogarse la ley pese a que eso querían, pero hay un presupuesto miserable”.

Interes General diciembre 30, 2025

El Doctor Pedro Ávalos estuvo en La RZ e hizo un diagnóstico sobre las medidas del Gobierno Nacional que afectan a las personas con discapacidad.

 

“Los pacientes discapacitados están viviendo esta ambivalencia propia del régimen jurídico que tenemos donde en el Congreso se resuelve algo y el Poder Ejecutivo lo toma como de quien viene y lo manda al cajón. En la práctica se siguen cobrando los mismos aranceles que fueron definidos hace dos meses por el directorio del régimen de discapacidad, y esto es muy grave porque lo que está ocurriendo es que se judicializan los temas. Nosotros, los abogados, tenemos permanentemente llamadas para judicializar situaciones porque la posibilidad de seguir brindando los servicios cada vez se ve más limitada. No solamente hay una pérdida en cuando a la posibilidad de brindar los servicios sino que además se complejiza más la posibilidad del financiamiento. Porque usted además tiene que prever los gastos que le van a ocasionar los amparos, etcétera, y que los va a perder todos. Entonces las obras sociales se encuentran en ese dilema. Un juez hace poco ordenó que se apliquen, el juez federal de Campana (Adrián González Charvay) y la realidad es que está haciendo oídos sordos la administración. Usted imagínese que vivimos una situación donde la seguridad jurídica de la cual toda esta gente ha hecho bandera permanentemente no existe prácticamente. Es por eso que nosotros insistimos con que el sistema institucional está herido por estas reacciones de parte del Poder Ejecutivo”, asegura el abogado Pedro Ávalos, en torno al presupuesto en el área de discapacidad en el país.

Además, precisa que “desde la discapacidad yo le diría que ha sido un año donde hemos salido empatados. El primer dato es que se han devuelto 110 mil pensiones no contributivas, no solamente se han devuelto todas las pensiones suspendidas sino que se devolvió además el retroactivo. O sea que la gente este fin de año cobró lo que había dejado de cobrar desde que se suspendieron las pensiones. Se pudo defender hasta el límite el tema de la Ley de Emergencia en Discapacidad a pesar de las embestidas, incluso, en el último intento en el marco de la Ley de Presupuesto. De todas maneras sin derogar la Ley de Presupuesto, si uno no le pone plata la realidad es que tampoco tiene mucha operatividad, entonces lo que nos está ocurriendo ahora es que la ley está vigente pero las partidas presupuestarias para llevarlas adelante no han votadas sido de manera adecuada. Pero siempre el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de acomodar y reasignar partidas para el cumplimiento pero en lo que estamos cayendo ahí es en la judicialización de estos problemas, y precisamente por ese tema yo voy a aprovechar para comunicarle a la audiencia que se pueden comunicar con nosotros para recibir asesoramiento en materia de discapacidad al 1137620347. Nos tienen que tener paciencia porque son muchas las consultas y reclamos pero tratamos de cubrir esas necesidades que tienen. Son más de 5 millones de personas que padecen alguna discapacidad”.

“No solamente los comunicadores hablan sobre el tema desde el desconocimiento sino también en el Gobierno. Yo he escuchado decir eso mismo (que no venimos de una guerra como para tener esa cifra de personas con discapacidad) por ejemplo a Martín Lousteau, del espacio del radicalismo. Y la realidad es que ahora nosotros tenemos el ChatGPT y tenemos Google, entonces la realidad de personas con discapacidad según el censo del 2010 es de 5.114.000, y de ese número de personas sólo casi 2 millones tienen el certificado de discapacidad. Esas son las cifras reales, representaban el 12,9 por ciento de la población. Y 2 millones, que son los que tienen el certificado de discapacidad son alrededor del 3 por ciento de las personas que habitan en nuestro país. Si usted le pregunta a ChatGPT o a Google cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en Alemania, en España, en Italia, todos están en alrededor del 20 por ciento. Y en Suiza están entre el 20 y el 26 por ciento porque también hay distintas metodologías para medir, pero Suiza siempre fue neutral, nunca participó de ninguna guerra y tiene un porcentaje de discapacidad muy superior al nuestro. Y la cantidad de personas que cobran pensiones no contributivas está en 1.200.000, o sea que no todas la personas con discapacidad, cobran pensiones no contributivas. Y lógicamente no es lo mismo tener una discapacidad en Añatuya, Santiago del Estero, que tenerla en Frankfurt, Alemania, en Inglaterra, en Francia”, apunta Ávalos.

“Estas mentiras son dardos que en este momento se tiran hacia la discapacidad porque las personas toman esta información de manera acrítica pero cualquiera de nosotros le puede preguntar a Google cuál es el porcentaje de personas con discapacidad en cualquiera de los países centrales y se van a dar cuenta que están mintiendo. Miente, miente, miente, que siempre algo queda. La realidad es que todavía mucha gente tiene la imagen de Adorni mostrando esa radiografía de la cola del perro porque la imagen es mucho más potente que mil palabras. Eso es lo que han dicho los comunicadores, después de eso salió la desmentida, que existía esa radiografía pero esa pensión fue rechazada. Entonces en la práctica lo que está ocurriendo es que se funda todo en una mentira, y dónde uno advierte ésto, cuando cobra el sueldo a fin de mes, cuando cobra la pensión, aquello para lo cual uno trabaja la cantidad de horas necesarias y se da cuenta que cada vez le alcanza menos. Éste es el fruto del actual Gobierno libertario. Siempre digo que éste es un proceso largo donde uno va escalonando. En la práctica, en primer lugar lo que tenemos que tener en claro es que hay que romper la miseria que se le asignó al presupuesto de discapacidad. No llegó a derogarse la ley pese a que eso querían, pero hay un presupuesto miserable. Y no es solamente para las personas que tienen pensiones, también está previsto en la legislación, que las superintendencias de servicios de salud le financie a las obras sociales los gastos en discapacidad. Para esto, cuando se fue Cristina Kirchner, estaban previstos 100 mil subsidios. El presupuesto de este año aprobó con poco más de 5 mil. Entonces las obras sociales rechazan las prestaciones”, concluyó.

Emergencia en discapacidad: un juez abrió la feria judicial para avanzar con la ejecución del fallo contra el Estado

El magistrado federal Adrián González Charvay consideró que la demora podría causar un daño irreparable al colectivo de personas afectadas y habilitó la instancia para darle continuidad al expediente.

El Juzgado Federal de Campana habilitó la feria judicial de verano para avanzar en el cumplimiento de la sentencia que ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Gobierno nacional apeló el fallo y busca revertirlo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

La habilitación fue adoptada este viernes por el juez federal Adrián González Charvay, designado como autoridad durante el primer tramo del receso judicial. El magistrado consideró que la demora podría frustrar derechos o producir un “daño irreparable” sobre las personas alcanzadas por el amparo colectivo contra el Estado nacional.
En una resolución dictada en el expediente “J, O.G. (en representación de sus hijos) y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación (…)”, el juez entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para permitir la actividad judicial durante enero y dispuso que la medida quedara circunscripta al cumplimiento de la sentencia definitiva ya dictada en la causa.

El magistrado ponderó que el transcurso del tiempo podría afectar derechos fundamentales del colectivo integrado por personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios en todo el país.

El fallo, en rigor, se produce en el marco de un litigio de alto impacto social vinculado con la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad y estableció medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario para sostener el sistema de prestaciones. La norma fue sancionada por el Congreso en julio de este año, pero posteriormente resultó vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei por razones de sostenibilidad fiscal.

Frente a ese veto, ambas cámaras del Congreso insistieron con la sanción original. La Cámara de Diputados lo hizo el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, en ambos casos con el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, esa insistencia obligaba al Poder Ejecutivo a promulgar y aplicar la ley sin condiciones.

Tras ese trámite parlamentario, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Iván Lugones. El artículo 1 del decreto promulgó la ley en cuestión, mientras que el artículo 2 dispuso comunicarla al Congreso “con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución” de la norma.

En los considerandos de ese texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley no había previsto fuentes específicas de financiamiento y que, en virtud del artículo 5 de la Ley 24.629 y del régimen de administración financiera, su ejecución debía quedar supeditada a la incorporación de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto nacional.

Esa medida fue cuestionada judicialmente. A mediados de diciembre, el titular del Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva y declaró inválido el artículo 2 del decreto, al analizar que el Gobierno nacional había utilizado esa cláusula para suspender en los hechos la ejecución de una ley sancionada por insistencia parlamentaria.

En su pronunciamiento, el juez indicó que la conducta del Ejecutivo violó el artículo 83 de la Constitución Nacional y el principio de supremacía constitucional, al subordinar una ley formal del Congreso a normas de jerarquía inferior. También señaló que la propia Ley 27.793 facultó al Jefe de Gabinete a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurar su financiamiento.

Semanas después, antes de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo del proyecto de Presupuesto 2026 que preveía la derogación de la emergencia en discapacidad, el Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla apeló la sentencia de González Charvay. La apelación fue concedida con “efecto devolutivo”, por lo que el fallo quedó en condiciones de ser cumplido mientras no sea revocado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Para defender su postura ante el reclamo judicial, el Gobierno explicó que la aplicación de la ley implicaba un impacto fiscal que no era compatible con el equilibrio de las cuentas públicas y que el artículo 2 del decreto no suspendió la norma, sino que la eventual imposibilidad de ejecución deriva de la legislación presupuestaria vigente.

 

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