Varina Suleiman: “Ningún derecho ni las primeras libertades civiles pueden existir si no hay inversión y presupuesto”

octubre 9, 2025

La abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad habló sobre la ley de Emergencia en Discapacidad y su aplicación.

Se presentó un proyecto donde ustedes habían hecho, digamos, una especie de análisis crítico de su contenido. Había cosas con las que estaban de acuerdo y otras que no. Pero, de alguna manera, es un tema que era fundamental tratarlo y tratar de que se convirtiera en ley.

Como todos sabemos, no se ha aplicado. O sea, pasó a las instancias correspondientes en las cámaras, pero no se ha hecho su aplicación. Con lo cual, en la actualidad, si está en falta, incluso el jefe de gabinete está próximo a tener un problema bastante grande por esta situación, ¿no?

Sí. La ley, primero que nosotros, las críticas que hicimos siempre son en favor de las personas con discapacidades. Es decir, que nosotros si criticamos a la ley es porque a veces pensamos que se quedó corta o que no siguió los paradigmas de derechos humanos tal y como nosotros los percibimos.

Pero siempre estamos en la vereda opuesta de la voluntad política que demuestra el Gobierno Nacional de ajustar por ese sector. Esa voluntad política es incontrastable si vemos la sucesiva cantidad de actos de gobierno que se han realizado pendientes a que no se aplique la ley y, bueno, que se nota en fin en un montón de actitudes que después podemos ir viendo según sea el interés de ustedes del poder ejecutivo.

 

 

Básicamente, en lo que refiere a la ley o al marco general de la ley, ¿cuáles son aquellos puntos que ustedes no están del todo satisfechos y que piensan que se debería haber reformulado desde otra posición, digamos?

Bueno, por ejemplo, en cuanto a las pensiones no contributivas por discapacidad, nosotros no admitimos cuando hicimos los cálculos de cómo se consideraba su importe, nos daba por debajo de la línea de pobreza. El Estado argentino no puede pagar ni jubilaciones a personas sin discapacidad ni pensiones a personas con discapacidad que estén por debajo de la línea de pobreza porque eso significa admitir de pleno derecho que hay ciudadanos de distintas categorías dentro del mismo territorio nacional, lo que está prohibido por la Constitución Nacional que establece el trato igual a todos los ciudadanos. Así que esa es una crítica, no podemos resignar esto.

Ese no es el paradigma de la Convención de Derechos Humanos sobre las personas con discapacidad. Ese es uno de los temas. Otro de los temas que nosotros planteamos es que, reconociendo la labor que hacen los prestadores, no pueden confundirse las organizaciones de personas con discapacidad con sus prestadores, ¿sí?

Porque muchas veces puede haber intereses contrapuestos. Aún reconociendo, digo nuevamente, la labor que desarrollan, hay una forma de encarar esto que debe ser diferente. También cuando hablamos de la emergencia en discapacidad, nos parece que todos los gobiernos que han tenido a cargo el tema de discapacidad, porque han estado en gestión del gobierno y han tenido el poder para eso, tienen que hacerse cargo de la parte que les toca.

No podemos confundir la emergencia en discapacidad con el deterioro gradual que viene sufriendo la calidad de vida de las personas con discapacidad. Esto arranca ya desde varios periodos atrás. Es cierto que la emergencia se agrava cuando hay una línea de gobierno, digo una línea de gobierno respecto a una línea de pensamiento que no es de tipo social.

¿Por qué? Porque la convención que rige los derechos de las personas con discapacidad se adopta en el marco de Naciones Unidas junto con muchos tratados y convenciones que tienen un modelo social opuesto a las ideas libertarias. Esto ya no es una decisión política de las personas o de la militancia que tengan, sino que estos modelos sociales ponen gran parte de la responsabilidad en la sociedad y socializan las consecuencias de estas desigualdades para tratar de erradicarlas.

 

 

Algunos de los temas que también planteaban de manera crítica son vinculados a la accesibilidad en edificios y en transporte, como que no se trabajó a fondo ni se incorporó nuevos esquemas mejores a lo que ya había anteriormente, ¿no?

Sí, pero por ahí un poco puede venir la confusión. Primero que la Fundación RUMBO tiene la especialidad en accesibilidad al entorno urbano y al entorno a la actividad física y también al transporte, para poner un ejemplo, fuera de lo que es el entorno urbano. No tenemos que confundir porque hay dos leyes en danza con este tema.

La fuente crítica a la que vos haces referencia fue en otro proyecto de ley, que todavía no es un proyecto, es una presentación que se hizo en Diputados, de la creación de una nueva ley marco en materia de discapacidad. La ley de emergencia es una ley que atiende cuestiones presupuestarias y que tiene que ver con qué vamos a hacer con el fondo con el que se pagan las pensiones. Porque en definitiva, y lo que nosotros siempre sostenemos, tenemos que partir de una base.

Sin presupuestos no hay derechos. Ningún derecho, ninguno, ni aquellos que reclaman los libertarios, ni las primeras libertades civiles pueden existir si no hay inversión y presupuesto. Alguien no puede tener un inmueble si no existe un registro de propiedad inmueble en el que el Estado decide invertir.

Todo derecho requiere presupuestos. Entonces, el tema de la emergencia de discapacidad es un tema presupuestario. Nosotros lo venimos planteando así y tanto hemos tenido razón que cuando llega el momento de poner en marcha la ley sancionada por el Congreso, el jefe de gabinete de ministros que tiene su cargo en la administración del país, porque esa es su función constitucional, dice que no tiene presupuesto.

Y cuando los medios le preguntan, y él da conferencias o da entrevistas, le preguntan por qué no reasigna partidas, porque él tiene facultades para reasignar. Y de hecho, una de las críticas que nosotros hemos hecho es que se reasignaron partidas para las fuerzas de seguridad. En 44 millones.

Entonces, digo, ¿cómo es que no se pueden? Él dice, no es que ahora ya no tengo los fondos. Pareciera que todas las agencias del Estado han ejecutado el presupuesto y que no hay fondo.

Entonces, ahí tenemos dos temas para abordar. Uno es, cuando esto no se puede discutir recién ahora, cuando se discute la ley de presupuestos, ya tenemos que ver.

 

 

Entonces, tenemos, como vos bien decías, dos andariveles paralelos. Por un lado, la ley de emergencia de discapacidad, que es vinculado a lo presupuestario. Y lo otro es la ley marco sobre el tema de discapacidad, que también está cursando en la Cámara de Diputados, ¿no decías?

No, todavía ni siquiera se ha propuesto. Hasta ahora ha habido como una presentación de intención que ha hecho el diputado Arroyo, pero todavía no es una ley que tenga estado parlamentario. No está presentada como tal.

Una diferencia importante es que la ley de emergencia trata sobre las prestaciones médico-eficienciales de las personas con discapacidad. La otra ley, la ley marco, trata un universo de cuestiones de las personas con discapacidad. Por ejemplo, su derecho al trabajo.

¿Qué vamos a hacer con el cupo laboral? Que el Estado no cumple hace un montón de tiempo. Porque a las personas se les llegan las pensiones, o tienen que escuchar que les llegan a agarrar la pala, cuando por otro lado no tienen cumplido el cupo para poder trabajar en el Estado Nacional.

Esto ha pasado desde varios gobiernos atrás, así que este incumplimiento del cupo de ninguna manera es una cuestión de emergencia. Porque la emergencia es un acto súbito, algo que irrumpe. Y esto es gradual, esto ha perdido progresivamente.

El trabajo, la educación, el acceso al esparcimiento, el acceso a la justicia. La ley marco va hacia todos los derechos de las personas con discapacidad.

 

Qué el Estado debería garantizar…

Exacto, pero no solo garantizar. Hay una palabra muy importante que tenemos que decir. El Estado debería promover, no solo garantizar. Y lo primero que tiene que promover el Estado es la toma de conciencia. Para que cuando se hable de las personas con discapacidad no sea en tono peyorativo, pero tampoco sea en tono compasivo. Porque las personas con discapacidad son sujetos de derecho y no objetos de la protección o de la lástima o receptores pasivos de cuidados que otorgan terceros.

 

 

¿Y cómo ves que este proyecto puede avanzar? ¿Está frenado?

Nosotros hemos trabajado para hacer la crítica al proyecto. Las críticas constructivas tienden a mejorar el proyecto. Sobre todo a veces con los resultados que hemos visto en la práctica.

Desandando un poco el camino, vemos que la ley anterior ocasionó a veces problemas de interpretación, mucha litigiosidad. ¿Cómo se ha resuelto esa litigiosidad? Todo ese bagaje de experiencia hay que incorporarlo.

Y para que la nueva ley dé un paso adelante y no vuelva a interponer las mismas barreras que ya vienen a las personas con discapacidad. A la ley hay que reformarla, la ley anterior. O sea que en esto es correcto lo que plantea el diputado Rocha, de que la ley tiene que existir una ley marco.

Pero la ley marco no puede hacerse de un día para el otro y necesita de un diálogo genuino. Un diálogo genuino significa que se convoca un diálogo, que se presentan propuestas y que esas propuestas tienen que ser trabajadas con las organizaciones.

 

¿Y eso está ocurriendo?

No, eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo y esa es una de las críticas que nosotros hacemos. En todos los procesos del sistema inglés o americano, se llama de rulemaking, los procesos de hacer reglas que nosotros llamamos procesos de elaboración participativa de normas, son proyectos que están reglados.

No es algo como que te escucho, porque si no es un acto de demagogia, es una declamación que no se logra. ¿Qué es esto? El transcurso de la ciudadanía, de que la ciudadanía desalienta la participación en lugar de incentivarla.

Cuando hay procesos de este tipo, lo que siempre se establece es que se escucha a las personas y si no se va a tomar, porque por supuesto que podría haber propuestas descabelladas y no todas tienen que ser tomadas por el gobierno o por los legisladores, pero lo que se tiene que hacer es explicar el por qué decidimos no hacer esto.

 

 

¿Y ese paso no se concretó todavía?

No, ese paso no se concretó. De hecho, cuando se lanzó, cuando fue el lanzamiento, para nosotros fue una gran decisión, hubo tres minutos para que participaran los oradores y a nosotros nos daba la impresión de que era irnos a sacar una foto. Porque en tres minutos, ¿qué se puede decir?

 

 

¿O sea que vos no ves viable que ya este año se pueda avanzar o presentar o todavía tienen esperanza de que esto ocurra?

No sabemos porque en las consultas que se han hecho desde la Fundación todavía nos dicen que no fue presentado. Esa es la información que nosotros tenemos a las consultas que hicimos.

 

 

¿El último contacto cuándo fue que tuvieron con respecto a este proyecto?

Fue hace un mes. No te puedo decir con precisión. Y además que lo urgente tapa lo importante también. Lo urgente acá es el tema del atraso que hay en financiamiento de las prestaciones. Hay personas gustadas que son muy angustiantes y que no están en este tema.

No pueden ni siquiera tener una idea de lo que es. Yo te voy a poner un caso para que veas lo grave que este sistema ha impactado en las familias que tienen personas con discapacidad. Por ejemplo, conozco un caso que yo no he elegido, pero quiero poner porque es paradigma de todo esto.

Era algo que yo pensaba y decía en la fundación esto va a empezar a pasar. Cuando se liberan los aumentos en las obras sociales y en las empresas de medicina prepaga se sabe ya que estos aumentos se desbordaron, han sido super excesivos y las personas empezaron a emigrar. Ahora, un familiar al que se le denegó una prestación inició una acción de amparo y obtuvo un recurso.

Pero ese recurso lo obtuvo contra la obra social, la prepaga X. Si se desafilia pierde eso porque él tiene un derecho contra esta parte del juicio. Ahora tiene otra empresa a la que otra vez se le inició una acción de amparo. Es un camino terrible.

 

 

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