Victoria Villarruel: “No hay ninguna condena a terroristas en Argentina”

Sociedad mayo 23, 2018

En "El Arranque", la presidente de CELTYV habló de grupos de terrorismo que operaban en Argentina durante los años 70' e hizo hincapié en el aspecto judicial. 

Por JohanTalarico

 

     “CELTYV es una asociación civil, constituida de modo legal en Argentina, que representa a las víctimas”. Victoria Villarruel es la presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas. En una nota exclusiva con “El Arranque”, dio detalles acerca del organismo del cual está a cargo y contó experiencias a partir de encuentros en otros países con familiares de damnificados por el terrorismo. Además, brindó datos específicos del grupo “Montoneros” y habló de las causas judiciales de sus integrantes.

      En primer lugar, la entrevistada explicó: “dentro de las actividades que hicimos en estos últimos 12 años, participamos de todos los eventos internacionales que se realizan en la problemática de las víctimas de terrorismo”. Después, reveló que estuvo en la O.N.U (Organización de las Naciones Unidas), en la sede de la ciudad de Nueva York, y participó de un programa “para jóvenes” que  sufrieron ataques terroristas alrededor del mundo.

       En relación a ello, aseguró que, este año, llevaron “a la nieta de un militar asesinado” por “Montoneros”. “En una ocasión, asistió la hija mayor del fiscal Alberto Nisman y  demás familiares de víctimas de lo ocurrido en la década del 70”, manifestó. “Entre las principales consignas de este programa, que se hace en EE. UU todos los años, se visitó la sede central de la O.N.U”, aclaró, y agregó que allí “se filmó un documental con testimonios de jóvenes” de diferentes países.

      Para más información, Victoria añadió: “había chicos de Argentina y España. Estaban presentes las víctimas del tren Atocha, que sucedió el 11 de marzo de 2004, de la E.T.A y G.R.A.P.O”. Como si fuera poco, dijo que había gente del atentado en Niza (Francia).

     “Niños de Irlanda del Norte, Israel y EE.UU dieron su testimonio y aprovechamos para que se contara lo que pasaba allí”, argumentó. “Es la primera vez que  se pone en marcha un material de este tipo, con apoyo de las Naciones Unidas”, aseveró.    

     Por otra parte, resaltó: “nuestro caso, el de Agustina D’amico, su abuelo fue asesinado por Montoneros, durante la dictadura de 1976, cuando salía de su domicilio”. En ese sentido, sentenció que la adolescente contó su historia y “afirmó que no hay DD.HH para las víctimas del terrorismo en Argentina”.

     Más adelante, y en relación al tema que se trató en el transcurso de la entrevista, Villarruel hizo referencia a casos puntuales y recordó cifras y estadísticas concretas como consecuencia de los atentados de índole terrorista en el territorio argentino y en el marco de un correspondiente contexto.

     “Cuando hablamos de sucesos terroristas, todos son víctimas. Por ejemplo, a José Ignacio Rucci, le confeccionaron una investigación durante meses para su asesinato”, aclaró. “También hacemos mención de personas que transitaban por la calle al momento que explotaba un coche bomba”, señaló.

      De acuerdo a este punto, indicó: “Pese a que en la actualidad no haya recuerdos de estos acontecimientos, la prensa de aquel tiempo, ya sea las radios, TV y los diarios daban cuenta de lo que sucedía”.

      En lo referente al concepto de víctima, Victoria marcó definiciones claras y concisas desde su visión. “Ambas lo son: el que camina por la calle o mediante un tiroteo por terroristas o como aquel que fue elegido”, subrayó. “Hay muchas dentro del Peronismo, y de forma paradójica, el bloque peronista no los reclama”, sentenció.

      Sin embargo, en otro tramo de la conversación, la máxima responsable de CELTYV hizo hincapié en la importancia del recuerdo y la memoria de los que ya no están y analizó los procedimientos de adoctrinamiento que aplicaban las agrupaciones terroristas. “Parece como que esta parte de la historia se haya borrado de la memoria colectiva. Es fundamental que se arme un espacio para que a los fallecidos se los conmemore”, destacó.

      Respecto a ello, sostuvo que todos los años se lleva a cabo el día de la memoria y “no hay mención alguna” de aquellos individuos. “Son 17. 830 y no a todos se los asesinó”, consideró, y enseguida, enumeró: “también es una víctima el que quedó parapléjico o ciego a causa de una bomba, el que perdió su casa, su ropa, sus cosas, el médico y aquél que le robaron el instrumental quirúrgico”.

      En referencia al accionar del E.R.P (Ejército Revolucionario del Pueblo), Villarruel citó que estos le sacaban los instrumentos a los doctores para “la instalación de postas sanitarias” y la posterior atención a terroristas. “Acá hubo una infraestructura muy grande”, ratificó, pero confesó que, de las 17. 830 personas, “tenés secuestrados, acribillados, heridos y privados de su libertad de manera ilegal”.

      No conforme con ello, la entrevistada continuó: “los colegios eran tomados por los que practicaban el terrorismo. Una vez en el lugar izaban la bandera de su organización armada, arengaban a los alumnos y, a veces, golpeaban a los docentes”. Acto seguido, esbozó que se trataba de situaciones de violencia, de sujetos con pistolas y uniformes que parecían de fajina. “Eran ejércitos irregulares”, calificó.

 

      Por otro lado, prosiguió con el completo panorama de los sucesos  que se desencadenaron en los años 1970 y puso énfasis en el reclamo de Derechos Humanos para los que no fueron beneficiados mediante el proceso democrático. “En la década de los 70, operaron 17 conjuntos distintos de terrorismo. La mayoría se subsumió a los dos principales: E.R.P y Montoneros”, sintetizó.

      Según sus conocimientos, Victoria asumió que se encontraban las Fuerzas Armadas Peronistas, de liberación, revolucionarios y de Comando Poder Obrero. “No significa que se convalide nada. Solo que se identifique  a un espacio que quedó sin DD.HH en 35 años de Democracia”. Acto seguido, deslizó: “El terrorista es el gran ausente de los 70. Se habla de lo que implementó el aparato estatal, mas no de lo que aconteció”.

      “Los grupos armados actuaron durante toda la década del 70’. Se explica como si todo se hubiese iniciado el 24 de marzo de 1976”, ironizó y enunció, con igual tono, que “que antes no sucedió nada” y se vivía “en el paraíso” terrenal. “Aparecieron los militares y, desde aquel entonces, la historia se relata”, conjeturó.

       Los argumentos por parte Villarruel no cesaron, tal es así que se extendió y se detuvo punto por punto en sus conclusiones. “La realidad de los ataques se desencadenaron en el marco de los gobiernos democráticos, de 1973 a 1976”, evidenció. “Es mentira que se luchaba contra un gobierno de facto. Eso no es verdad. Las organizaciones armadas comandaban ofensivas contra los gobiernos democráticos”, explicó.

       “La cantidad de muertos que tenemos documentados son 1094”, refutó. “De ellos, 778 se ocasionaron durante tres años de ausencia de dictadura. Peleaban contra la Democracia para la toma del poder. Ese era el fin”, planteó.

       La parte judicial, en el intercambio de preguntas y respuestas, no quedó  al margen. En esta materia, la invitada fue muy cautelosa y dejó en claro su amplio conocimiento de todos los períodos. A raíz de ello, respondió: “en cualquier momento de la historia, cuando alguien comete un delito, se le da paso a una causa de oficio, con lo cual, ante cada atentado terrorista, el Estado debía investigar. En unas, hubo condenas. En otras no”.

       “Incluso en Democracia, hubo jueces que dictaron sentencia, pero están amenazados. A ciertos magistrados les volaron el hogar con explosivos”, informó. “El sector jurídico estaba amedrentado. Con la llegada de Cámpora, en 1973, la primer medida que se toma es la amnistía para la gente que estuvo presa de forma legal”, formuló.

       En lo que respecta a las formalidades, la mandamás de CELTYV estableció: “por más que haya un régimen de facto, si están dadas las garantías constitucionales, es legal. Se los liberó a todos. En 1974, mataron al juez Quiroga”. Acto seguido, prosiguió y relató que, en 1983, con la finalización del período dictatorial, a “esa gente” se la dejó en libertad. “Después llegó el juicio a las juntas y con Menem se los indulta a todos”, replicó. 

      No obstante, Villarruel marcó un paréntesis cuando describió las decisiones de Néstor Kirchner y alegó disconformidad ante la falta de criterios clarificadores. “Kirchner indultó a todos, aunque sostiene a los que son terroristas”.

      En otras palabras, despejó las dudas y repitió: “es decir, si sos un ciudadano común, que te estallaron con una bomba, no tendrás justicia dado que el Estado mantiene que el indulto al terrorista está vigente y operativo”.Por consiguiente, pronunció que, ante la “desigualdad de víctimas, se violan los DD.HH”.

      “Luego de ello, reabrimos causas y perdimos el derecho a la equidad y la verdad”, detalló. “Hasta el día de hoy, no hay ninguna condena a terroristas en la República Argentina”,citó.

     No obstante, respondió que el único caso activo es el de Larrabure, que consiste en el secuestro y tortura a un militar en plena Democracia. “A su cuerpo lo encontraron en una zanja, en la ciudad de Rosario, con lastimaduras en el cuerpo. Esperemos que la justicia se expida”, sugirió.

      Si se tiene en cuenta las acusaciones y los consecuentes pedidos de procesamientos, la especialista en la asignatura profundizó y se abocó al prontuario de particulares personajes de las bandas terroristas. “Solicitamos convenciones internacionales que el Estado Argentino se niega para su aplicación”, recriminó.

      Con seguridad y firmeza, declaró: “se lo acusa al principal cabecilla del E.R.P, que está vivo y es Arnold Kramer, alias Luis Martini. Se solicita que responda a su organismo por la comisión de este horrible crimen”. En segundo término, propuso que el Poder Judicial “brinde soluciones” para los seres más cercanos de las víctimas de Rosario.

       En lo que atañe a otros sujetos peculiares, la titular de CELTYV esgrimió que a Tumini lo detuvieron en 1971 por sus actividades de terrorismo. “Fue amnistiado por Cámpora en 1973, y en 1974, lo agarraron”, avisó. “Es una persona con un importante prontuario y te hablará con la soberbia típica de quien se siente impune, no sólo en el país, sino también en Italia”, recalcó.

       En un instante, la investigadora compartió su gran rechazo por la injusticia. “Cuando veo que estas personas acceden a la política, siento una profunda repugnancia”, criticó. Sin problemas, y por este ítem, retomó: “ellos consideran que hicieron una liberación como la del General Don José de San Martín, el padre de la patria. Era todo una desvergüenza”.

       Con enojo e insatisfacción, puntualizó que “hay terroristas que no tienen ninguna autocrítica” y, desde 1983 hasta los tiempos que corren, “se garantizó la impunidad” de los individuos. “En el Parque de la memoria, hay quienes murieron en combate, mientras armaban bombas”, asintió.

       En el cierre,  Villarruel alentó a “que se diga la verdad” y cuestionó extrañas maniobras democráticas. “Detrás de todos los homenajes, se dieron indemnizaciones. Se les dio dinero público a personas  que no consta que haya sido desaparecido por el Estado”, ilustró. “Si ves este fraude en comparación con la década del 70’, entendés el motivo por el cual se lo elimina de la memoria colectiva”, observó.

        “Si no hay víctimas, no hay terroristas”, denunció, y en el acto, cuestionó que se “cobra una pensión vitalicia en calidad de presos políticos”, mucho mayor que una jubilación mínima de un abuelo que aportó de modo constante al sistema previsional argentino. “Si no hablamos desde la verdad, hay un gran fraude. No estoy de acuerdo con eso y con que se nos mienta”, concluyó.  

 

*Podés escuchar “El Arranque” de lunes a viernes, de 10.30 a 12 horas, por Radio Zónica.